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Boletín de noticias 8 de mayo de 2012

 

EL TIEMPO

 

PENSIONES: EL GRAN DESAFÍO POR EL FUTURO

 

Hace 19 años, cuando fue aprobada la Ley 100 -que cambió la seguridad social en el país, incluido el régimen pensional-, muy pocos colombianos cotizaban para tener una mesada en la edad de retiro y una multiplicidad de cajas, con sus propias reglas, generaban grandes desigualdades entre los que tenían la fortuna de estar protegidos. (

Además, el Seguro Social, eje del sistema de prima media (que consiste en que los aportes de los trabajadores se usan de inmediato para pagar las mesadas de los ya jubilados), era inviable. Según algunos cálculos, sus reservas equivalían en ese momento a una décima parte de sus obligaciones pensionales.

La solución escogida fue añadir al régimen de prima media un sistema de ahorro individual a través de los fondos privados de pensiones. Con esto, más un reajuste de los aportes y aumentos en prima media a las semanas de cotización y de la edad mínima de jubilación, se pensó no solo que la carga para el Estado se haría más manejable, sino que se dispararía la cobertura. También se esperaba más orden y equidad.

Sin embargo, hoy la cobertura sigue siendo menos del 30 por ciento. Y alrededor del 97 por ciento de los subsidios del Estado, como lo señala uno de los artículos de este especial, se van a los mejor jubilados, que son empleados del Estado, entre los que se cuentan expresidentes, exmagistrados y excongresistas.

Cuatro historias que hacen parte de este trabajo muestran cómo, por los beneficios legales exagerados y triquiñuelas ilegales o por lo menos antiéticas, jueces y políticos logran pensiones millonarias y abogados inescrupulosos desangran al Estado

Como lo destaca otro artículo, quienes ganan de uno a dos salarios mínimos están más expuestos a no alcanzar una pensión equivalente al salario mínimo por las condiciones del mercado laboral. Mientras tanto, casi la mitad de la masa de ocupados se mueven en la informalidad que ni les da una remuneración justa ni les permite cotizar.

Tanto para los informales y los que no alcanzarán la pensión mínima, el Gobierno está armando un sistema de protección para la vejez, que premiará el ahorro que puedan hacer con un subsidio pagado por el fondo de solidaridad que alimentan los cotizantes de niveles medio y alto. Ellos recibirán mesadas por debajo del mínimo que no pueden llamarse pensión precisamente, porque la ley no permite que alguien pueda cotizar por un salario menor al mínimo ni recibir una pensión por debajo de ese nivel.

Precisamente, la reportería para este especial dejó ver que el debate de la reforma pensional, que presentará el Gobierno Nacional en el segundo semestre de este año, puede tener como tema central la discusión de si debe mantenerse esa barrera del mínimo o debe eliminarse para que los subsidios pensionales lleguen a los más pobres.

Actualmente, muchos de ellos se creen condenados a trabajar toda la vida o a pasar sus últimos días arrimados a la solidaridad de los hijos, creándoles a estos una carga adicional que puede reducir sus propias posibilidades de ahorrar y tener un ingreso seguro para su propio retiro.

María Cecilia Barinas, una pensionada del mínimo que nos contó su historia, lo planteó de otra manera, al decir que no le preocupaba tanto tener una mesada insuficiente como que 4 de sus 5 hijos no estuvieran cotizando.

 

PROPONEN DOS COMISIONES PARA JUICIO POLÍTICO DE AFORADOS EN REFORMA

 

ELTIEMPO.COM conoció el borrador del proyecto de reforma judicial, para sexto debate en Senado.

El borrador de la ponencia de la reforma de la justicia -que será radicada hoy para sexto debate- determina la forma en que se desarrollará el juicio político previo a cualquier proceso penal o disciplinario para aforados en el Congreso, indica que el nuevo Consejo Disciplinario Judicial tendrá nueve integrantes, y, a pesar de la oposición de las altas cortes, mantiene las facultades jurisdiccionales para abogados y notarios.

El texto, conocido por EL TIEMPO.COM, desarrolla los acuerdos a los que se llegó la semana pasada en la Casa de Nariño y que fueron necesarios para destrabar el trámite de la iniciativa en el Congreso.

También se mantiene que el juicio penal de los congresistas se desarrolle en dos instancias en la Corte Suprema de Justicia, y el disciplinario, como lo anticipó este diario, se realice en la Procuraduría, en dos salas diferentes, pero se aclara que el jefe del Ministerio Público no intervendría en los procesos.

Aunque en principio estaba presupuestado que la ponencia se radicara ayer, esta decisión se aplazó porque persisten diferencias en algunos aspectos, especialmente en cómo funcionará el antejuicio político de los aforados y también porque las mismas cortes se oponen a medidas que se incluyen allí.

El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, reiteró su oposición a que abogados y notarios tengan facultades jurisdiccionales en procesos menores. "Así se lo expresé al presidente Juan Manuel Santos y damos por entendido que esto se tendrá en consideración", dijo el magistrado.

Mientras tanto, la Comisión de Acusación de la Cámara se niega a desaparecer. Su presidente, el conservador Germán Blanco, dijo que la propuesta de eliminación se debe a que "la gran mayoría de los senadores está cuestionada ante las altas cortes y me parece que a algunos de ellos les faltó factor crítico y aporte a esta discusión".

Por este tipo de diferencias, en la mañana de hoy realizarán un desayuno de trabajo los ponentes de la reforma de la justicia para hacerle los últimos ajustes a la ponencia, radicarla y citar a la plenaria del Senado para su votación en sexto debate mañana.

 

Facultades para la descongestión judicial

 

El borrador mantiene las facultades para que abogados y notarios conozcan de casos menores, a pesar de la fuerte oposición que las altas cortes han expresado a este punto. El senador Jesús I. García, uno de los ponentes, aclaró que "si no se dicta la ley reglamentaria, consensuada por los tres poderes, jamás se ejercerá esta función".

 

Consejo de Disciplina Judicial

 

Según el borrador, estará integrado por nueve personas con calidades de magistrados, que elegirá el Congreso de ternas que envíen las cortes Suprema y Constitucional y el Consejo de Estado. No tendrán fuero constitucional, por lo que no serán cubiertas por el antejuicio político. EL TIEMPO.COM supo que personas cercanas al Consejo de Estado han pedido que se le otorgue a este tribunal la facultad de revisar en segunda instancia esas decisiones.

 

Antejuicio político

 

La Cámara podrá acusar por indignidad política al Presidente, al Vicepresi- dente, al Fiscal, al Procurador, al Contralor y a los magistrados de las altas cortes. Se propone que estos procesos los lleve "una Comisión Constitucional, integrada por tres senadores y tres representantes que sean abogados". La propuesta no tiene consenso, por lo que se plantea, según el senador Jesús Ignacio García, que exista una comisión asesora externa al Congreso que rinda un informe sobre los casos graves.

 

El reemplazo de la Sala Administrativa

 

Se crea el Sistema Nacional de Administración Judicial, que estará integrado por tres instancias: la Sala de Gobierno, la Sala Ejecutiva de Administración Judicial y el Director Ejecutivo de Administración Judicial. Este sistema se encargará de "diseñar y fijar las políticas" de la Rama en materia presupuestal, y de los lineamientos necesarios para su funcionamiento.

 

Fiscalía ofrecería beneficios a secretaria de la Judicatura

 

La abogada Yira Lucía Olarte Ávila, la primera implicada en el escándalo por nombramientos de magistrados realizados en seccionales del Consejo Superior de la Judicatura, podría acogerse a beneficios a cambio de colaboración con la justicia.

La Fiscalía contempla ofrecerle esta posibilidad después de haber escuchado sus explicaciones sobre los supuestos nombramientos irregulares.

Durante cuatro horas, Olarte respondió el interrogatorio al que fue sometida por los investigadores del caso e insistió en que las inconsistencias encontradas en las actas son en realidad errores humanos involuntarios en los que incurrió, "debido a la exagerada carga de trabajo" a la que estaba sometida.

Esta afirmación ha causado extrañeza entre sus subalternos. Ellos la describen como una jefe exigente por su rigurosidad y exactitud en el trabajo.

"Ella siempre está pendiente de todo detalle en el trámite de los documentos", dijo uno de sus compañeros, que la ha acompañado durante los 11 años que lleva en ese tribunal.

En el 2005, el Consejo Superior de la Judicatura le otorgó la medalla al mérito José Ignacio de Márquez -el máximo reconocimiento de la justicia a sus funcionarios- por ser una de sus empleadas más destacadas.

El premio exaltaba su "dedicación continua, la pulcritud y prestancia en la prestación del servicio", según el documento que lo acredita.

Antes de su arribo a la Judicatura, esta abogada, con 20 años de experiencia en derecho disciplinario, egresada de la Universidad Libre (y con especializaciones y doctorados en las universidades Externado y el Rosario), ejerció como personera delegada para la Vigilancia Administrativa de Bogotá.

Por su experiencia, también cumplió labores de secretaria en las reuniones del Comité Interinstitucional de la Justicia, órgano integrado por los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación.

La denuncia sobre el supuesto fraude con nombramientos fue presentada por la magistrada de ese mismo tribunal María Mercedes López y revelada por el fiscal general, Eduardo Montealegre, el pasado jueves durante la cumbre de poderes.

 

LA APUESTA PUEDE SER PENSIÓN BAJO EL MÍNIMO

 

Se ha planteado separar pensiones de aumentos del mínimo.

El Gobierno ha reflexionado seriamente sobre la posibilidad de desligar las pensiones de los aumentos del salario mínimo, como un punto clave de la reforma pensional que está preparando para llevar al Congreso.

Fuentes cercanas a la discusión que adelanta el Ejecutivo al respecto señalan que ese punto es muy importante para garantizar la salud futura del sistema de pensiones.

En cambio, para el proyecto de reforma no se contempla tocar la edad de jubilación, como lo ha dicho en varias ocasiones el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, incluso desautorizando las primeras declaraciones de su viceministro de Relaciones Laborales, Mauricio Olivera.

El Gobierno tiene cálculos del Departamento Nacional de Planeación que muestran que en la reforma que viene no es necesario hacer cambios en la edad de jubilación.

La reforma pensional es parte de una estrategia que, en palabras de Pardo, buscará "un sistema al que un mayor número de colombianos pueda acceder. Por ello, el Gobierno Nacional adelantará un conjunto de reformas de la protección de la vejez, y en especial de personas que no tienen hoy la posibilidad de pertenecer al sistema pensional, y la protección de las personas que están en edades en las cuales ya no pueden trabajar, así como impulsar un sistema de ahorro para la protección de la vejez".

Sin embargo, Pardo se abstiene de referirse a la reforma pensional porque en este momento, dice, su prioridad son los beneficios económicos periódicos (BEP).

Hoy, no se permiten pensiones por debajo de un salario mínimo, y si este se incrementa más que la inflación, las pensiones mínimas tienen que subir en la misma proporción.

Si se desligan los incrementos de las mesadas del aumento del mínimo, posibilidad que se ha ventilado en el Gobierno, con el tiempo las pensiones más bajas podrían quedar valiendo menos que el salario mínimo, lo que exigiría eliminar la prohibición que rige actualmente.

Hoy, el 70 por ciento de quienes reciben pensiones tienen mesadas de un salario mínimo, señala la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), y el salario, desde el 2000 a hoy, ha subido 35 por ciento más que la inflación. Ese hecho se constituye en una de las principales fuentes del problema financiero que le representa el sistema pensional al Estado.

"La típica pensión en Colombia encierra subsidios equivalentes a entre 15 y 25 por ciento en términos de tasa de reemplazo (la parte del sueldo base que se reconoce) -dice Anif-. Cuando se trata de pensiones de salario mínimo, el subsidio asciende a cerca del 50 por ciento".

La idea de separar los incrementos de las pensiones de los incrementos del salario mínimo ha sido planteada tanto por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP) como por las compañías de seguros.

Sus respectivos gremios, Asofondos y Fasecolda, advierten que para pagar las rentas vitalicias (las mesadas que recibirán el resto de su vida quienes se pensionan con esta modalidad) no es posible hacer el cálculo del capital que se entregará durante esos años, pues corresponde a decisiones políticas que, además, encarecen los seguros que respaldan y garantizan el pago de esas rentas.

Según Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, "es urgente permitir pensiones por debajo del mínimo, cuando el 49 por ciento de los trabajadores ganan menos".

Los puntos relacionados con el salario mínimo y la edad son los que por ahora han trascendido de la reforma, pero los expertos también mencionan otros factores que se pueden tocar como el número de semanas durante las cuales los trabajadores deben hacer aportes, la tasa de reemplazo o el porcentaje del sueldo que deben aportar cada mes trabajadores y empleadores.

Los expertos ven con escepticismo la posición del Gobierno de no tocar la edad. Alejandro Vera, vicepresidente de Anif, dice incluso que la edad de jubilación debe llevarse a 65 años, en hombres, y a 62 años, en el caso de mujeres. Asimismo, señala que esa edad no debe ser fija, sino que la ley debe anclarla a los cambios de la esperanza de vida.

Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, advierte que "tocar la edad es políticamente complejo, pero es necesario", en lo que coincide con Vera. Este último concluye que "si no se ajusta la edad, en la medida en que crece la esperanza de vida y el tiempo de disfrute de la pensión es mayor, se desequilibran las finanzas del sistema y vamos a subsidios nuevamente".

 

Tasa de reemplazo

 

Para Vera, se debe marchitar el régimen de prima media y reducir la tasa de reemplazo, es decir, que las mesadas queden entre 45% y 50% de lo que el trabajador ganó en promedio en los últimos diez años, y no entre 65% y 100%, como hoy.

 

Que no suban aportes

 

Anif piensa que el aporte mensual, que es el 16% del sueldo, no deba crecer, pues cargas adicionales a la nómina generan desempleo.

 

Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, va más allá y cree que el 16% es muy alto frente a países similares y que debe bajar.

 

Las AFP

 

Farné asegura que buena parte del aporte de 16% no va al ahorro del trabajador. Por eso, deberían bajar en un punto la contribución por garantía de pensión mínima, de 1,5%. Cree que las AFP deberían recibir una menor comisión. Sin embargo, para Adriana Huertas, vicepresidenta de Asofondos, en los fondos privados el gran cambio ya se hizo, y es la creación de los multifondos.

 

Régimen de pilares

 

Farné propone que se pase a un régimen de pilares: un primer pilar en prima media y, luego, después de ciertos niveles de ingresos, uno o dos de ahorro individual. Al respecto, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, dice que lo ideal sería que existiera un pilar solidario, como en Chile, y una transformación del régimen público.

 

Facilidad de cambio

 

Villar dice que en la reforma debe revisarse la facilidad con la que los afiliados pueden irse de un sistema a otro cuando ven que en el otro lado habrá una mejor pensión.

 

Más tiempo de cotización

 

Para Anif, la única forma de no incurrir en subsidios fiscales es que el tiempo de cotización ascienda a 35 años, a diferencia de los 20-25 años que actualmente se están observando en el régimen de prima media.

 

Gravar las pensiones altas

 

Varios de los expertos subrayan la necesidad de cobrarles impuestos a las pensiones altas, "pero de verdad altas", dice Farné, pues los ricos no son quienes reciben 2 millones.

 

Tras una solución de fondo

 

Una reforma que le apunte a cambiar los parámetros de las pensiones, como la edad o el número de semanas, no sirve sin formalización, asegura Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP). Por lo tanto, concluye, se necesita una reforma laboral.

"Lo estructural sería una reforma laboral", dice también Alejandro Vera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), pues la reforma pensional le apunta más a un alivio al déficit en las cuentas del Gobierno.

Esta debería buscar que, en términos relativos, se abarate el costo del trabajo con respecto al costo del capital (maquinaria, equipos, etc.). Con ese fin, se deberían reducir los sobrecostos que deben asumir los empleadores, que son 60 por ciento más de lo que reciben los trabajadores.

Sin embargo, para Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, más que el problema de la informalidad, "la afiliación está determinada por la riqueza y el desarrollo de un país. Para cotizar hay que ser más ricos".

 

Vivir con el mínimo

 

María Cecilia Barinas fue la señora de los tintos durante 27 años en la Federación de Cafeteros, en Tunja. Ganó el salario mínimo durante todo ese tiempo y se jubiló con la misma cantidad, en 1992. Hoy, tiene 73 años y vive en casa de su hija menor, en la capital boyacense.

"Conozco a muchas personas que no tienen pensión y realmente sufren mucho". María Cecilia tuvo cinco hijos que crio sin el respaldo del padre. Solo uno es profesional.

En una libreta tiene apuntado en qué se gasta la plata: 120.000 pesos en pañales para adultos, 240.000 en medicamentos que no le da su EPS, 80.000 en transporte y 120.000 en gastos de la casa.

"No hay nada peor que tener que pedirles a los hijos, y más cuando ellos también tienen sus propias necesidades", se lamenta la mujer. Lo que más le preocupa es que cuatro de sus cinco hijos tienen trabajos informales que no les permiten abonar a una pensión. "Yo al menos tengo mi pensión de un salario mínimo. Mis hijos ni siquiera tendrán eso".

 

TESTIGO EN CASO DE PALACIO DE JUSTICIA INSISTE EN QUE FUE SUPLANTADO

 

Édgar Villamizar dice que no escuchó al coronel (r.) Alfonso Plazas ordenar torturas.

Aunque hace menos de dos semanas el CTI de la Fiscalía concluyó que el cabo Édgar Villamizar, testigo clave de la investigación por la retoma del Palacio de Justicia, no fue suplantado, el militar (r.) insiste en que nunca ha entregado información sobre esos hechos.

Villamizar dijo que no estuvo en Bogotá en noviembre de 1985, cuando se registró la violenta toma, y que no conoce al coronel Alfonso Plazas, condenado a 30 años por la desaparición de once personas. "Si nunca lo he visto personalmente, pues menos lo escuché dando instrucciones para torturar a guerrilleros sacados del Palacio", dijo en declaraciones al programa La Hora de la Verdad, de la Cadena Súper.

Afirmó que durante la retoma estaba en la Uribe (Meta) y que tiene testigos que podrían declarar que en esos días no viajó a Bogotá.

Sin embargo, un informe del CTI determinó que Villamizar fue la misma persona que en agosto del 2007 fue escuchado por la exfiscal Ángela María Buitrago en la declaración en la que dijo que vio vivos a varios de los desaparecidos del Palacio y oyó al coronel Plazas decir: "¡Cuelguen a esos h.p.!". Un investigador del ente acusador hizo reconocimiento fotográfico y dijo ante un juez que se trataba de la misma persona.

"No sé por qué aparecí en esa declaración, eso me acabó con la vida, me quedé sin familia y no tengo trabajo; cuando voy a pedir puesto me dicen que si yo soy el que traicionó al coronel Plazas", señaló Villamizar.

El Tribunal Superior de Bogotá dio crédito a las declaraciones del militar (r.) y consideró que hay evidencias, como contactos preliminares del testigo con la Fiscalía y su cercanía a un investigador del CTI para determinar que sí se trataba de la misma persona y no Édgar Villarreal, como aparece en la firma de la declaración.

 

LUCHÓ CUATRO AÑOS PARA LOGRAR PENSIÓN DE SU PAREJA, QUE ERA SACERDOTE

 

Corte Constitucional reconoce que parejas del mismo sexo también conforman una familia.

Tuvieron que pasar cuatro años antes de que *Pedro recibiera la buena noticia. Su lucha jurídica llegó al final. Por decisión de la Corte Constitucional empezará a recibir la pensión que le corresponde luego de que su pareja, un sacerdote, falleció.

El camino para lograrlo no fue fácil. Presentó una acción de tutela que le fue negada en primera y en segunda instancia. A pesar de haber convivido 28 años con el cura como su compañero sentimental, los argumentos que expuso no fueron suficientes.

El juzgado décimo civil del Circuito de Bogotá, a través de sentencia del 18 de marzo del 2011, declaró improcedente la acción.

Para sustentar esa conclusión señaló que Pedro no había probado suficientemente su condición económica. Es decir, no demostró que, como lo señalaba en la tutela, dependió del sacerdote durante los años que estuvo con él (28 años) por lo que ahora no tenía con qué sostenerse.

Pedro, sin embargo, insistió. Su apoderada impugnó el fallo de primera instancia. Pero la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 29 de abril del 2011, confirmó la decisión de primera instancia. Según el Tribunal, era acertado el razonamiento acerca de la improcedencia de la acción, ante la ausencia de prueba.

El caso llegó terminó siendo revisado por la Corte Constitucional y mediante T-716 de 2001 tuteló los derechos del compañero vivo ordenando al Instituto de Seguros Sociales (ISS) proceder a reconocer y pagar la pensión de sobreviviente solicitada.

La Corte declaró la exequibilidad de las normas acusadas, en el entendido que también son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo cuya condición sea acreditada en los términos señalados en la sentencia C-521 de 2007 para las parejas heterosexuales. Sobre este último, la sentencia señaló que resultaba necesario, como requisito para la extensión de los efectos de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, prueba de la "formalización de la convivencia".

Así, en términos del fallo analizado, las parejas del mismo sexo debían acudir ante un notario para expresar la voluntad de conformar una pareja singular y permanente, que permitiera demostrar la existencia de una relación afectiva y económica responsable.

La decisión de la Corte es clara. Revoca las sentencias proferidas el 18 de marzo del 2011 por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, y el 29 de abril del mismo año por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, que resolvieron la acción de tutela interpuesta por Pedro contra el Instituto de Seguros Sociales.

Pedro empezará entonces a recibir la pensión, por la que lucho durante cuatro años y que recibió después de haber convivido durante más de 20 años con su pareja, un sacerdote.

 

CONSEJOS SECCIONALES, EN CONTRA DE LA ELIMINACIÓN DE LA JUDICATURA

 

Magistrados enviaron una carta al Congreso defendiendo sus cargos y la labor del tribunal.

En una carta dirigida al Congreso, donde se discute la reforma de la justicia, magistrados de los seccionales del Consejo Superior de la Judicatura del país defendieron al tribunal y rechazaron la decisión de acabarlo.

"Accedimos a nuestros cargos en virtud de Concurso de Méritos, al que llegamos una vez superadas varias etapas y pruebas que respaldan nuestra idoneidad y probidad para el desempeño de la función", se lee en la carta, conocida por ELTIEMPO.COM.

De igual manera, señalaron que "el cuestionamiento a algunos funcionarios" por el supuesto carrusel de pensiones que está siendo investigado por la Fiscalía y la Contraloría, "no justifica la extinción de toda la institución que fue creada para garantizar la autonomía e independencia de la Rama Judicial". (

Así mismo, los magistrados afirmaron que la propuesta de eliminar la Judicatura y de crear un nuevo órgano de juzgamiento para jueces, togados y funcionarios judiciales, tal como se acordó el Gobierno, las altas Cortes y el Congreso la semana pasada, "está permitiendo la intervención de funcionarios externos a los asuntos propios de la Rama Judicial, lo cual significa regresar al pasado, y a un modelo que años atrás demostró su ineficiencia e inconveniencia".

Finalmente, proponen que la Sala Disciplinaria deba modificar el origen de los magistrados para que se incluyan el acceso a ella de 2 magistrados  postulados por las altas corporaciones, de 3 magistrados de carrera de los Consejos Seccionales, y 3 en la misma forma en que hoy se eligen, ampliando a 8 sus integrantes.

 

MAGISTRADOS EN LA MIRA DE LA CONTRALORÍA POR CARRUSEL DE PENSIONES

 

Nueve miembros del Consejo Superior de la Judicatura, en la mira por millonarias pensiones.

El nombramiento como asistente en el despacho de su paisano y amigo, el magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, le permitió al exjuez primero de Familia de Ibagué Jesús Herrera Cortés convertirse en uno de los 20.000 colombianos que reciben una pensión de más de 10 salarios mínimos.

Para entrar en ese exclusivo club, al juez Herrera le bastó permanecer dos meses y 19 días como magistrado auxiliar. Así incrementó de un golpe su pensión en más de 8 millones de pesos. Su jubilación fue aprobada dos días después de terminar el encargo, el primero de abril de 2011.

La 'palomita' le permitió a Herrera pasar de un sueldo de 5 millones de pesos, como juez en Ibagué, a uno de 17, 5 millones, como magistrado auxiliar, y de paso fijar su mesada en 12'875.000 pesos.

Ese golpe de suerte de Herrera, y el de otros 14 funcionarios judiciales nombrados por 9 magistrados de la Sala Disciplinaria en sus despachos, está en la mira de la Contraloría después de superar un conflicto de competencia con la Comisión de Acusación de la Cámara que terminó dirimiendo el Consejo de Estado. Se conoce como el 'carrusel' de pensiones y, según cálculos del organismo de control, esa práctica habría causado 13.786 millones de pesos de detrimento al Estado.

El magistrado Henry Villarraga ha defendido su actuación diciendo que los reemplazos se deben a la necesidad de sustituir a los auxiliares que han tenido que dejar sus labores de manera transitoria, porque el ritmo de trabajo de su despacho es bastante intenso.

Herrera pudo obtener el millonario reconocimiento gracias a un decreto de 1971 que permite a funcionarios de la Rama Judicial pensionarse con el mayor sueldo del último año, a pesar de que sus aportes no correspondan con esa mesada.

Por la 'palomita' otorgada al juez, Cajanal -la entidad que tramitó su pensión- tuvo que hacer una reliquidación por más de 248 millones de pesos, señala el expediente de la Contraloría que alcanzó a abrir una investigación fiscal en su contra.

Así culminó Herrera sus 21 años de carrera en la rama, que comenzó en Guayabal (Tolima) como juez de instrucción criminal.

A ese rango de pensión solo ha podido llegar menos del uno por ciento de los 1,3 millones de pensionados del país. Sin embargo, concentra el 9,3 por ciento del presupuesto destinado a pensiones, dice un estudio de la Procuraduría y de la Universidad Nacional.

Según Cajanal, la expectativa de un hombre colombiano es de 71 años. Si esa expectativa se cumple, Herrera recibiría al menos 1.500 millones de pesos en los próximos 11 años, tiempo que empezó a contar a partir del 21 de octubre de 2011, cuando comenzó a recibir sus 12 millones de mesada.

 

Otros casos

 

Pero el de Herrera no es el único caso que enreda al magistrado Villarraga. El exfiscal seccional de Bogotá Álvaro Rojas y el exjuez Jaime Roberto Arteaga Caiza aumentaron sus pensiones de la misma forma.

Arteaga pasó de fiscal seccional en Bogotá a magistrado auxiliar de la Judicatura en octubre del 2008, cuando llevaba 20 años de servicio. Según el expediente, el funcionario fue nombrado por Villarraga para reemplazar a una de sus asistentes, quien fue nombrada en comisión en otro cargo.

Un año y dos meses después, Arteaga terminó el reemplazo y de inmediato tramitó su pensión ante el Seguro Social (ISS).

Pero ante la negativa de la entidad de liquidar su mesada con el sueldo de magistrado auxiliar, puso tutela.

Según el ISS, el funcionario no reunía los requisitos, pero, cumpliendo el fallo judicial, le asignó una mesada de 9'985.000 pesos. Arteaga, no conforme, apeló la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al ISS una nueva liquidación. Finalmente, el exfiscal entró a recibir una mesada de 11 millones de pesos.

Al otro paisano al que Villarraga le dio una 'palomita' fue a Álvaro Rojas, quien duró 30 días reemplazando al magistrado auxiliar Yesid Barbosa, por una licencia. Rojas se desempeñaba como fiscal seccional de Bogotá, tenía 59 años de edad y en abril del 2010 -cuatro meses después de cumplir el encargo- tramitó su pensión.

Villarraga dijo que él no maneja el presupuesto. Señaló que su responsabilidad es designar a sus auxiliares y resaltó que los funcionarios que se jubilaron de su despacho tuvieron que acudir a la tutela para que les otorgaran ese derecho.

 

Profunda desigualdad

 

El diagnóstico sobre las pensiones que hicieron la Procuraduría y la Universidad Nacional muestra que estos casos "generan profunda inequidad, le hacen daño al régimen de prima media y deben ser objeto de revisión para que no se vuelvan a presentar".

Según el Ministerio Público, esta práctica es común en el sector judicial. Muchos funcionarios "de los que se esperarían los más altos comportamientos éticos" han combinado tutelas con demandas para incrementar sus mesadas de 8 a 23 salarios mínimos por haber desempeñado cargos ocasionales e invocando bonificaciones.

El estudio finalmente concluye que "el comportamiento tipo 'carrusel' profundiza la desigualdad en el país y pone el interés individual por encima del interés colectivo, al mismo tiempo que es la conducta que desacredita el funcionamiento de prima media y el argumento que muchos sectores esgrimen para favorecer su desmonte".

 

María M. López

 

El caso de la magistrada María Mercedes López Mora, quien habría nombrado a Luis Hoyos Zapata, era evaluado por la Contraloría. En sus descargos iniciales, ella explicó satisfactoria- mente su actuación.

 

Luz H. Rodríguez

 

La magistrada Luz Helena Rodríguez Hurtado fue incluida en la investigación por su posible responsabilidad fiscal en el nombramiento de la auxiliar María Consuelo Concha García.

 

Martha Zea

 

La magistrada Martha Patricia Zea Ramos nombró a Jorge Iván Bravo, a quien se le reconoció una pensión de $ 14'156.512 en el 2009 por decisión del Juzgado Quinto Administrativo de Popayán.

 

Otros investigados por la Contraloría

 

Carlos A. Ramírez

 

1. Estuvo temporalmente en la Sala Disciplinaria. Al parecer, nombró como auxiliar a José Vidal Alzate, quien con un reajuste consiguió 4,6 millones de pesos de pensión. La Contraloría dijo que sus explicaciones son satisfactorias.

 

Temístocles Ortega

 

2. Temístocles Ortega ocupó el cargo de magistrado en la Sala Disciplinaria de la Judicatura hasta hace dos años. Hoy, es gobernador del Cauca. Según el expediente, nombró a Petrona Perafán.

 

José Ovidio Claros

 

3. El magistrado José Ovidio Claros, dice la Contraloría, al parecer, nombró como auxiliar a Margot Castellanos, quien obtuvo una reliquidación de 4'127.194 pesos a 9'656.250 pesos para el año 2010, según el ISS.

 

Jorge Castillo

 

4. El magistrado Jorge Castillo Rugeles, de la Sala Administrativa de la Judicatura, posesionó a Martha González de Toloza. Ella pasó de recibir una pensión de 3'717.539 pesos a una de 12'150.763 pesos.

 

Los casos de la magistrada Julia Emma Garzón

 

La magistrada Julia Emma Garzón también figura en las investigaciones con tres nombramientos. Ella deberá explicar qué pasó en los casos de Cenaida Mejía, Zilath Corrales y Constanza Navia. Según el expediente, Navia fue magistrada auxiliar entre el 3 de febrero y el 8 de marzo de 2010 y subió su pensión de 4'498.000 pesos a 12 millones. Mejía también pasó de más de 3 millones a 12 millones en 4 meses. Y Corrales estuvo entre mayo y julio del 2008 y pasó de 2,8 millones a más de 11 millones.

 

El excongresista mejor pensionado

 

Durante más de 20 años, Jesús Antonio García Cabrera fue congresista conservador por el departamento del Huila. En 1998, tras retirarse del Congreso, obtuvo su pensión de jubilación, que en ese momento superó los 9,4 millones de pesos y se convirtió en una de las más altas del país.

El punto fue que al momento de fijársele la jubilación, el Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón) le incluyó como factor para la liquidación lo que él había recibido

A finales de 1999, la mesada de 'Tito' García Cabrera ya alcanzaba los 10,9 millones de pesos. En el 2004, el excongresista fue condenado a pagar una pena de 38 meses de cárcel, luego de que la justicia lo halló responsable del delito de concusión.

Dos años más tarde, la nueva dirección de Fonprecón acudió ante un tribunal administrativo para pedir la nulidad de la resolución que le concedió la jubilación. El 15 de enero de 2010, un fallo de primera instancia concluyó que los tiquetes aéreos no hacían parte de la asignación para calcular el monto de la pensión de jubilación de los congresistas y ordenó reliquidarle la pensión a García Cabrera.

Pero el excongresista no se quedó quieto: apeló el fallo ante el Consejo de Estado y por ende siguió con su mensualidad intacta. Y así la mantuvo hasta este mes, cuando el último giro le llegó por más de 31 millones de pesos.

Sin embargo, una sentencia del Consejo de Estado acaba de confirmar el fallo del Tribunal del Huila, lo que implica que ahora sí tendrán que rebajarle la pensión, y le puede quedar en unos 21 millones de pesos.

Lo que recibió de más, no tendrá que devolverlo, porque los magistrados consideraron que en aplicación del principio de la buena fe no tendrá que retornar plata que se le pudo haber pagado de más.

Se calcula que fueron más de 418 millones de pesos lo que recibió de más durante este tiempo el excongresista.

 

'Eso es solo para políticos'

 

Los 37 años laborados en un molino de arroz, en Ibagué, le dejaron la columna torcida a Luis Felipe Cediel. Sus labores: vigilante, conductor, cuidandero de cultivos, operador de máquinas y -el último- jefe de personal. En el 2003, empezó a sentir un fuerte dolor en la cadera, que meses después lo mandó a la cama. Solo con una tutela logró que lo operaran. "Tenía un tumor morado del tamaño de la teta de una vaca". Los médicos le pronosticaron que no volvería a andar, pero con terapias y fe, lo logró, aunque no puede levantar grandes pesos ni caminar demasiado. Su columna, frágil como un chamizo, no aguanta mucho. Después de mucho papeleo, lo pensionaron por discapacidad. "Tenía 56 años y, aunque había trabajado toda la vida, aún era 'joven' para que me pensionaran. Qué injusticia". Si no se hubiera enfermado, hoy, a sus 64, tendría una pensión de 1 millón y medio de pesos, en promedio, según sus cálculos. Pero cada mes apenas recibe 900.000, y eso que ha logrado reajustar el monto con tutelas y con la autorización de la pensión por vejez (200.000 pesos más). Por eso redondea vendiendo motos y carros viejos, haciendo diligencias y hasta vendiendo bizcochos de achiras. "En Colombia, los únicos que pueden vivir de la pensión son los políticos".

 

 

 

 

LA 'EMPRESA' QUE SE ROBÓ $ 15.000 MILLONES DE PESOS EN PENSIONES

 

Al abogado Guillermo Rafael Villa Robles le acaban de anular de por vida la tarjeta que lo autorizaba a ejercer la profesión por haber hecho parte de 'la Empresa', una organización criminal que en 5 años logró apoderarse de manera fraudulenta de 15.000 millones de pesos en pensiones.

Villa es el cuarto abogado a quien el Consejo de la Judicatura sanciona en lo corrido de este año por su participación en ese millonario desfalco. Antonio José Pupo, Pedro Quintero Cervantes y Luis Eduardo Ramos también fueron suspendidos por 5 años por embargar cuentas del Instituto del Seguro Social (ISS), Cajanal y de varios municipios del país desde el Juzgado Segundo Civil de Ciénaga (Magdalena).

El caso es apenas la punta del iceberg del despojo que hacen abogados y funcionarios judiciales de los recursos de la Nación aprovechando vacíos jurídicos de los regímenes pensionales. Así han sido saqueadas las arcas del ISS, Cajanal, Caprecom y entidades en liquidación como Telecom, los municipios y los departamentos.

Los desfalcos se iniciaron en 1991, con Foncolpuertos, que le ha costado al país 2,3 billones de pesos. El saqueo en Cajanal comenzó hace diez años y ya va en 600.000 millones de pesos, señala la Procuraduría.

El último caso fue denunciado hace menos de un mes en el Palacio de Nariño por los ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y de Educación, María Fernanda Campo. Con cuestionados fallos, jueces de Lorica, Planeta Rica, San Antero y Chinú ordenaron el embargo de más de 450.000 millones de pesos del Fondo de Pensiones del Magisterio. En este momento, un equipo de procuradores judiciales pidió la revisión de 33 fallos en los tribunales.

 

Sancionados

 

Actualmente, hay en curso 1.265 investigaciones disciplinarias en la Judicatura en las que también aparecen funcionarios judiciales y abogados. Hasta hoy, el tribunal disciplinario ha sancionado a 46 jueces y a 45 abogados por participar en el fraude.

'La Empresa', según los sancionados, les garantizaba a los litigantes que intervenían en el fraude una comisión hasta del 15 por ciento sobre el valor de la deuda demandada más los intereses de mora. Este cartel criminal, señalan los expedientes disciplinarios de la Judicatura, fue montado en el 2006 en Ciénaga y su estructura se repite en otros sitios de la costa Atlántica, incluyendo capitales como Cartagena y Santa Marta, y en ciudades como Ibagué.

Según las investigaciones, Villa indujo a otros colegas a presentar demandas contra el ISS entregándoles documentación falsa. Paola Beatriz Valdeblánquez, que también hizo parte de 'la Empresa' y que fue excluida de la profesión por la Judicatura hace cuatro meses por presentar un memorial exigiendo el pago de una obligación fraudulenta, señaló a su excolega Édgar San Juan como el autor de esa demanda.

San Juan -preso por solicitud de la Fiscalía, que lo investiga por un desfalco de 1.800 millones de pesos- fue quien montó la demanda; ella solo prestó su nombre y su firma. En las demandas aparecían las firmas Novamédica Ltda. e Inversiones y Distribuciones Lara y Lora, que, dice el expediente, no habían tenido ningún vínculo como proveedoras en las diferentes unidades estratégicas de negocios de salud, EPS, pensiones y riesgos profesionales del ISS.

Estos abogados actuaban con la complicidad del juez segundo civil de Ciénaga, Antonio Vives Cervantes, quien decidió en tiempo récord demandas sustentadas con fotocopias de obligaciones ya pagadas, pero que contablemente no se habían descargado en las bases de datos de las entidades afectadas.

El juez Vives terminó destituido e inhabilitado por 20 años para cargos públicos.

 

Por caso Córdoba suspenden a un juez

 

El juez promiscuo de Planeta Rica, Ángel Darío Aycardi, fue suspendido por el embargo de $ 148.000 millones de los recursos del Fondo de Pensiones del Magisterio.

El otro lado de las demandas

 

La única herencia que Enrique Carlos Patiño le dejó a su esposa fue una demanda judicial contra Cajanal. Murió a los 71 años de edad sin conseguir que la entidad aceptara las certificaciones que probaban que había laborado por más de 20 años y le otorgara su pensión de vejez.

Ocho años después, Luz Angélica Oviedo de Bedoya -con 78 años, enferma y sin protección alguna- sigue insistiendo ante Cajanal por el pago de la pensión. Su caso es uno de los 37.000 procesos contra la entidad. Según un estudio de la Procuraduría y la Universidad Nacional, Cajanal y el Seguro Social (ISS) enfrentan más de 100.000 demandas por 157.000 millones de pesos.

Luz Angélica continuó con el proceso que su esposo había iniciado ante el Juzgado Tercero Laboral de Pasto hasta que finalmente, en mayo del 2009, ese despacho condenó a Cajanal. Pero el fallo no se cumplió, por lo que presentó una tutela que llegó hasta la Corte Constitucional, que finalmente ordenó el otorgamiento de la mesada.

Por estos fallos, la Nación desembolsó en el 2010 más de 120.000 millones de pesos en el pago de condenas, costas judiciales y hasta planes de descongestión de juzgados para sacar adelante los procesos.

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría, la mayoría de los casos se originaron por fallas de los funcionarios en dar respuesta a las solicitudes de los afiliados. Y a pesar de los ultimátums de los jueces y de la misma Procuraduría para que cumplan las sentencias, las demandas siguen.

Pablo Enrique Sarmiento le dio poder a una abogada para que demande a Cajanal por la negativa de la entidad a reconocer su pensión de gracia, beneficio que el Estado les otorgó en 1913 a los maestros para compensar sus bajos salarios. Ahora será el Tribunal Administrativo de Bucaramanga el que decida su caso.

No obstante, no entiende por qué tuvo que llegar hasta esa instancia si cumple con los requisitos del beneficio: tiene 55 años, cumplió 20 de servicio y labora desde antes del 31 de diciembre de 1980, año en que se derogó la norma.

La pensión de gracia la comenzó a gestionar en el 2007, pero año y medio después Cajanal le respondió negándose a su solicitud porque la certificación de trabajo que presentó, suscrita por el alcalde del municipio de Hato, debió firmarla el secretario de Hacienda, quien hacía las veces de nominador del municipio. Él arregló el problema, pero Cajanal volvió a rechazar su solicitud, porque el nuevo certificado no especificaba sus funciones.

En esos trámites gastó cinco años y jamás obtuvo una respuesta a sus peticiones. Ahora aceptó la oferta de una abogada, que trabaja para un bufete que controla un congresista, de llevar su caso a los estrados judiciales. Ella le aseguró que las posibilidades de triunfo son muy altas. A cambio, le debe entregar el 30 por ciento de lo que reciba como derecho.

 

'Mi futuro lo veo tenaz'

 

Odilia Gómez tenía apenas 15 años cuando, en Moniquirá (Boyacá), su tía la mandó a trabajar como empleada doméstica en la casa de un médico, en Tunja. Allí todo fue una pesadilla: la patrona le prohibía hasta usar los platos y pocillos para comer. "A los 11 días de haber empezado, amenazó con pegarme y renuncié". Luego de estar casi 9 años en empleos informales, esta mujer delgada y de ojos tan azules como el mar volvió a Moniquirá, donde trabajó más de 25 haciendo oficio por días en dos casas al mismo tiempo. Empezó ganándose 1.000 pesos semanales y terminó recibiendo 15.000. El sostenimiento de sus dos hijos la obligó a vender también frutas en la plaza de mercado. Pero en todo este tiempo nunca pensó en cotizar para su pensión. "En esa época nadie hablaba de ese tema. Ni el Gobierno ni los mismos jefes, y como uno era ingenuo...". Hoy, a sus 54 años y radicada en Bogotá desde el 2008, porque sus hijos se vinieron a buscar un mejor futuro, confiesa estar arrepentida de no haber tenido "disciplina" para cotizar. Sin embargo, también dice que en su caso es "imposible" ahorrar. "Si la persona no tiene un empleo fijo con una empresa, es difícil. Uno piensa es en los hijos, el estudio y el arriendo. La plata no alcanza para más. Mi futuro lo veo tenaz.

Les he dicho a mis hijos que cuando les estorbe, me dejen en un ancianato. Qué más puede hacer: uno sin pensión y sin poder trabajar".

 

EL ESPECTADOR

 

'EXPRESIDENTES DEBEN RESPONDER': JORGE ARMANDO OTÁLORA

 

El magistrado, quien dejó una constancia frente a lo que ahora se conocen como actas falseadas en el Consejo Superior de la Judicatura, explicó a El Espectador cómo ocurrieron los hechos.

El magistrado Jorge Armando Otálora, uno de los primeros en advertir los errores de la Judicatura. / David Campuzano

 

¿Por qué termina usted en entrevista con la Fiscalía?

 

La verdad, desconozco los pormenores de la denuncia que ha instaurado una de mis compañeras, la doctora María Mercedes López. En lo que he observado en los medios de comunicación se hace referencia a una constancia que dejé en noviembre de 2010, además por escrito, en la sala de esa semana.

 

Entiendo que ya fue entrevistado por la Fiscalía, ¿sobre qué le preguntaron?

 

Querían escuchar el origen y la motivación de la constancia que le presenté a la magistrada Julia Emma Garzón e hice el relato correspondiente.

 

¿Por qué, si usted fue el único en dejar una constancia por escrito, desde noviembre de 2010, no presentó denuncia, como sí lo hizo la magistrada López ante la Fiscalía?

 

La verdad, la constancia fue muy enérgica, haciendo referencia a una equivocada interpretación que se estaba haciendo, tanto de la decisión de una sala como del estatuto de la administración de justicia. Ahí planteé por qué estaban equivocados el vicepresidente encargado y el presidente de esa sala —el doctor Henry Villarraga—. Fui enérgico en mis comentarios y le dirigí la constancia a la doctora Julia Emma Garzón, quien era la presidenta, para que además obrara dentro del acta y entonces mi constancia por escrito hace parte del acta de esa fecha, por eso está ahí.

 

¿Y cuál era la irregularidad?

 

Que se había destituido a un magistrado de Ibagué y se había dispuesto que se iba a nombrar más adelante (el reemplazo). Sin embargo, con sorpresa nos enteramos de que se había encargado a la asistente de ese despacho, motivo que generó mi solicitud de aclaración a la secretaria y me dijo que se había nombrado con fundamento en lo dispuesto en sala.

Entonces manifesté que en sala se dispuso la destitución pero nunca se habló de cargos, que por favor me aclararan esa situación. Efectivamente lo aclararon: sacaron otra resolución, en que se encarga ya al vicepresidente, encargado del presidente, motivo por el cual también manifesté mi inconformidad y les dije que el presidente tampoco tenía esas facultades, porque esa es una facultad de la sala, según el estatuto de administración de justicia. Luego le pedí a la señora presidenta que tomara cartas en el asunto y corrigiera esos errores, circunstancia que ocurrió a la semana siguiente.

Desde mi óptica y desde mi experiencia penalista nunca vi el tema, la falsedad. Vi que estaban interpretando equivocadamente unas normas, se corrigieron en la sala siguiente por parte de la presidenta y lo único que hice fue manifestar mi inconformidad. Así quedó tanto en la sala como en el acta.

 

¿Y esos son los documentos que la doctora María Mercedes López entrega ahora a las autoridades?

 

Esos son, entiendo yo por los medios de comunicación, los documentos a que hacen referencia.

 

¿Qué otros magistrados manifestaron que no estaban de acuerdo o que ahí se estaban presentando unas irregularidades?

 

Pues, por escrito el único que lo manifestó en ese momento fui yo y la doctora María Mercedes muy gentilmente me comunicó verbalmente lo que estaba pasando. Decidí manifestar la constancia por escrito. Mi experiencia me indica que no se dejaba la constancia en la sala, sino que se acudía ante los organismos judiciales correspondientes.

 

¿Qué buscaban al recibir la renuncia de uno y postergar el nombramiento de otro y falsear las actas?

 

La explicación que me dieron, y por eso yo no le vi el argumento ni la falsedad, es que como se aceptó una renuncia y las salas allá, en Ibagué, son sólo de dos personas, al faltar uno no podía funcionar la sala, entonces tenían que tomar decisiones de la sala en esa región y necesitaban urgentemente el otro magistrado. Esa fue la explicación que me dieron, y por eso se encargó a la misma auxiliar de ese despacho y fue por el término de dos o tres días, para no interrumpir y hacer traumática la función de esa sala. Desde esa óptica me lo explicaron y así lo entendí. Cuando ya se encarga oficialmente a la magistrada, todo se solucionó y volvió a la normalidad y por eso simplemente dejé la constancia.

 

¿Hoy analiza usted que estos casos de alguna manera estaban tratando de favorecer el ‘carrusel de pensiones’ que denunciamos ya hace algún tiempo?

 

La verdad, hasta que uno no veía quiénes son y sin estudiar la hoja de vida, me abstendría de opinar del tema, no lo veo con esos ojos.

 

Se ha dicho que este era básicamente un tema que manejaban Henry Villarraga y Angelino Lizcano. ¿Cómo califica usted el desempeño de los dos?

 

Lo que ocurre es que en estos nombramientos, el resultado y el resorte de copias le corresponden al presidente de turno, quien es el que efectivamente firma la resolución de nombramiento. Yo nunca he estado de presidente de sala; desconozco las minucias o cómo se lleva a cabo ese tema. Los que han estado de presidentes han sido Henry Villarraga y Angelino Lizcano, Ovidio Claros y Julia Emma Garzón. Los demás no hemos sido presidentes de esa sala.

 

Entonces, ¿son ellos quienes tendrían que responder penalmente por esta situación, de llegar a confirmarse que hay una falsedad en documento público?

 

Claro, son los presidentes.

 

¿Conoció sobre actuaciones indebidas de la secretaria de la Sala Disciplinaria, Yira Lucía Olarte?

 

Pues en ese momento yo sí la llamé para que me aclarara ese tema y fui muy vehemente con ella, pero de ahí a saber las minucias... Si hubiera tenido conocimiento, es obligación como funcionario público ponerlas en conocimiento de la autoridad.

 

Hablemos un poco de la reforma a la justicia, que tiene todo que ver con el tema de Consejo Superior de la Judicatura, de cara a lo que está pasando. No es un secreto que hace mucho tiempo usted viene expresando preocupaciones. ¿Ahora sí cree que llegó la hora de acabar con ese tribunal?

 

Yo ahí he tenido una posición muy clara, y es que soy muy amigo de la institucionalidad. Creo que el Estado debe permitir que maduren las instituciones, que crezcan y se les den las herramientas para que ellas mismas tomen los correctivos.

Le doy dos o tres ejemplos: la historia nos ha enseñado que el tema de acabar las instituciones no soluciona ningún inconveniente. Acuérdese de Ecosalud, gran foco de corrupción. Acabaron Ecosalud, creamos Etesa y volvieron a caer en los focos de corrupción. El tema no es cambiar el nombre de la institución. Lo mismo ocurrió con la Caja Agraria, después Banagrario y así le puedo dar varios ejemplos.

En cambio, sí le puedo dar un ejemplo muy propositivo y es el de la Policía Nacional, es una institución que tiene 121 años, que a lo largo de la historia ha tenido en algunas etapas problemas de corrupción, pero que en lugar de hablar de acabar con la institución, se dispuso rodearla de las garantías y mecanismos para que los altos mandos pudieran tomar las decisiones en su momento, cosa que se hizo. Ese es el camino que tenemos que tomar. Yo no soy ni ciego ni sordo frente a la cantidad de inconvenientes que se han venido presentando en el Consejo Superior.

 

‘Yo planteé que las ternas no vengan de presidencia’

 

Usted me dice que hay que dejar madurar las instituciones y filosóficamente estoy de acuerdo con usted. Pero es que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene para dónde madurarse, se pudrió…

Yo había planteado un cambio radical y lo planteé en un documento que le dirigí al ministro Germán Vargas el 10 de marzo de 2011, cuando se iniciaron los estudios de la reforma a la justicia, y en el aspecto particular de la Sala Disciplinaria vi que aquí uno de los grandes inconvenientes es la politización de esta sala. ¿Cómo podemos, a partir de ese inconveniente ya detectado, neutralizarlo?

Planteé que las ternas no vengan del presidente de la República. Son siete ternas, que sólo venga una del él y que las demás provengan de las demás cortes, de los colegios de abogados, jueces y fiscales, que sea todo ese conglomerado judicial, que es el que finalmente disciplina, el que postule las ternas. Y que siga eligiendo el Congreso en pleno, porque así lo quiso el espíritu del constituyente.

 

‘Las reformas deben venir con renovación de las salas’

 

¿Y qué piensa si una reforma de ese estilo termina originando un cambio en la composición del Consejo de la Judicatura?

 

Al tener esos orígenes diferentes, esa es una circunstancia que siempre se ha cuestionado y siempre se ha atacado. Esa podría ser una de las soluciones para el problema de la administración de justicia en el país.

Es más, yo lo planteé en mi posición, que si esto se llegara a llevar a cabo, y a pesar de que soy el más nuevo de la sala —es decir, al que le queda más período por delante—, soy el primero en salir, dar un paso al costado y renunciar. Estas reformas deben venir acompañadas de la renovación de las personas que estamos en la sala, para poder darle legitimidad a la reforma y cambiar el sentimiento de incertidumbre que tienen la opinión pública y la sociedad frente a esa sala y frente al organismo, que es lamentable y triste.

 

DEMANDAN SISTEMA DE REGALÍAS POR CONSIDERARLO INCONSTITUCIONAL

 

El representante a la Cámara, Camilo Abril, radicó ante la Corte Constitucional una demanda contra el sistema que regula las regalías, argumentando que a su juicio el Alto Tribual solo se había pronunciado por vicios de procedimiento, mientras que había decidido declararse inhibida respecto a su posible sustitución de la Constitución.

De acuerdo con el congresista la norma habría violado algunos principios constitucionales como el de autonomía territorial, descentralización administrativa de entidades territoriales y el principio democrático de acuerdo con el cual todo gasto público debe ser sometido a debate en el Congreso de la República.

De igual manera, a juicio del representante de Cambio Radical el Congreso habría votado una “norma muy cerrada” que impediría legislar sobe materia de regalías en adelante puesto que en la actual reglamentación quedaron definidos porcentajes sobe fondos y juntas administradoras.

A juicio del representante, otros dos principios que habrían sido vulnerados serían los de la igualdad, así como el de la legítima confianza, debido a que algunos congresistas argumentaron que en la medida que el subsuelo es de todos los colombianos, las riquezas de las regalías debían sr repartidas de igual manera, no obstante lo establecido por el sistema anterior.

“Quien es víctima de los impactos ambientales y sociales son las regiones productoras puesto que se encuentran en desigualdad; de manera que como el acto legislativo no vio eso se disminuyeron los recursos, incluso hasta en un 10% de lo que hoy en día se está recibiendo” puntualizó el representante.

 

DURA PELEA POR 25 PACIENTES

 

La pugna entre un médico y una EPS por la atención de un grupo de pacientes, presuntamente afectados por una enfermedad incurable.

El argumento central del debate médico y jurídico es si el tratamiento y la medicación por parte del especialista fueron adecuados para los pacientes. / 123rf

A mediados de 2009, en desarrollo de una evaluación del desempeño de sus proveedores de servicios, la EPS Salud Total detectó una alta incidencia de la enfermedad esclerosis múltiple en Barranquilla, que causó inquietud pues los estudios reportan que esta afección es más frecuente en zonas de clima frío. La investigación interna dio origen a un litigio ético y judicial que hoy tiene a la comunidad médica nacional envuelta en un debate de neurólogos y al Tribunal de Ética Médica del departamento de Atlántico entutelado.

La disputa empezó cuando Salud Total concluyó al término de su investigación que existían serios indicios de que los diagnósticos de la mayoría de pacientes reportados como enfermos de esclerosis múltiple eran errados y que, en consecuencia, se habían prescrito medicamentos equivocados. Los 25 pacientes habían sido tratados por el reconocido médico Ernesto Barceló Martínez en el Instituto Colombiano de Neuropedagogía. Ante los hallazgos detectados, la decisión de la EPS fue cancelar el contrato con esta institución médica.

La decisión la adoptó en octubre de 2009 y, en reemplazo del médico Barceló y su entidad, se escogió al Instituto Neurológico del Norte para que evaluara la condición de los pacientes, a fin de promover el tratamiento más adecuado. De manera simultánea, la EPS emprendió con la primera institución una pugna separada, para que le entregara las historias clínicas de los pacientes, documento esencial al establecer la verdad médica de cada caso. Sin embargo, sucedió lo inesperado: 18 de los enfermos entutelaron a Salud Total.

Con los argumentos de que el médico Barceló les daba atención permanente, que la institución suministraba el servicio de transporte hasta las residencias y que cambiarlos de IPS les producía un trauma moral, psicológico, económico y familiar, los pacientes reclamaron seguir siendo atendidos en el Instituto Colombiano de Neuropedagogía. Según Salud Total, fue esa misma entidad la que asesoró a los 18 pacientes para que presentaran la tutela y además emitió órdenes para que se realizaran terapias antes no solicitadas.

En diciembre de 2009, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barranquilla determinó que el cambio de institución médica dejaba a los pacientes en una situación menos favorable y que al resultar afectados sus derechos era necesario conminar a Salud Total a conservar el tratamiento a cargo del médico Barceló. La EPS apeló la decisión, pero en febrero de 2010 el Juzgado Séptimo Penal de Barranquilla confirmó el fallo recalcando que, por tratarse de una enfermedad incurable, la relación médico-paciente es esencial para el tratamiento.

El caso llegó a la Corte Constitucional, que en una Sala de Revisión, en julio de 2010, ratificó los fallos anteriores, pero para salir de dudas ordenó a Salud Total que en menos de un mes aportara un diagnóstico exacto sobre la enfermedad que padecía cada uno de los 18 tutelantes. La Corte justificó su decisión argumentando que la nueva IPS no ofrecía los mismos servicios de la primera, y que los pacientes venían de una relación de confianza con el médico Barceló, la cual no debía modificarse caprichosamente.

Sin embargo, para evitar que las divergencias médicas se siguieran ventilando en Barranquilla, Salud Total decidió apelar a dos neurólogos en Bogotá para examinar los diagnósticos de los pacientes, y fue en ese momento en el que, según la EPS, se confirmaron las inconsistencias. El análisis global de los neurólogos Juan Raúl García y Patricia Montañez determinó que únicamente cinco de los enfermos tenían realmente esclerosis múltiple y que, en contraste, había inconsistencias en exámenes, diagnósticos y tratamiento unificado.

En ese momento, y teniendo en cuenta que a los 25 pacientes se les había suministrado el medicamento Betaferon, para salir de sospechas Salud Total le solicitó a Laboratorios Bayer Schering que le informara si de alguna forma el médico Ernesto Barceló o el Instituto Colombiano de Neuropedagogía habían recibido colaboración de cualquier especie. A través de la Superintendencia Nacional de Salud, el laboratorio confirmó que había patrocinado viajes, eventos y conferencias al doctor Barceló, médico institucional de la IPS referida.

En un documento de siete páginas, Bayer precisó además que el médico Ernesto Barceló dictó varias conferencias en temas relacionados con la esclerosis múltiple, recibió patrocinio del laboratorio para la realización de un congreso internacional de neurociencia y, sobre todo, intervino en un estudio clínico, con retribución económica incluida, para evaluar pacientes tratados con el medicamento Betaferon. Este documento hizo pensar a Salud Total que se pudo haber inducido en error a los pacientes, incluso, por un conflicto de intereses.

Basada en los hallazgos de los neurólogos en Bogotá, la EPS decidió pedirle a la Corte Constitucional la revisión de su sentencia, argumentando una violación al debido proceso. El alto tribunal se limitó a contestar que Salud Total se había pasado un día en el plazo legal para interponer su acción. A pesar de que hasta diciembre de 2011 el medicamento Betaferon tenía recobro al Fosyga por ser de alto costo, por lo cual no afectaba las finanzas de la EPS, la entidad siguió adelante con su pelea y optó por llevar el caso al Tribunal de Ética Médica del Atlántico.

En su nueva acción, Salud Total detalló uno por uno los casos de los pacientes y resumió lo sucedido desde el momento en que se cambió a la IPS, argumentando cómo se direccionó a 18 de los pacientes para que acudieran a la tutela, las dificultades para acceder a las historias clínicas de los enfermos, la información del laboratorio y las conclusiones de una nueva revisión médica. El pasado mes de marzo, el Tribunal de Ética Médica del Atlántico concluyó que no existía mérito para elevar pliego de cargos al neurocirujano Ernesto Barceló Martínez.

El argumento del tribunal para abstenerse de investigar al médico Barceló fue que existe una divergencia profesional de criterios entre médicos. En este caso la ley dispone que el organismo competente para resolverla es la Federación Médica Colombiana. Hace dos semanas el caso fue presentado ante este organismo con todas las pruebas adicionales, pero como la pelea continúa, Salud Total decidió además interponer tutela contra el Tribunal de Ética Médica del Atlántico por errores de procedimiento.

El médico Ernesto Barceló se sostiene en que ha obrado conforme a su conocimiento y ya anunció acciones penales contra Salud Total por los presuntos delitos de injuria y calumnia. A su vez, la EPS no descarta en acceder al mismo estrado judicial aunque sostiene que lo más importante en este caso es que los pacientes tengan claro cuál es su enfermedad. En cuanto a los enfermos, unos cambiaron de EPS, otros aceptaron la nueva institución que hoy los atiende, y los 18 que apelaron a la tutela continúan al lado del doctor Barceló.

 

¿Qué es la esclerosis múltiple?

 

Esta patología, que afecta en promedio a una de cada 1.000 personas, es considerada una enfermedad autoinmune debido a que las propias células de defensa del organismo atacan y destruyen la mielina, una membrana que recubre los nervios.

Al destruirse la mielina, los nervios pierden la habilidad de dirigir los impulsos nerviosos que entran y salen del cerebro, lo cual explica los variados síntomas con que se manifiesta. Este efecto es comparable con el de un cable que pierde su cubierta y genera un cortocircuito.

La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres. El trastorno se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad, pero se puede observar a cualquier edad.

Las señales varían según la localización y magnitud de las lesiones. Pueden ir desde pérdida de la visión, hasta problemas para caminar, dolores faciales, espasmos musculares, depresión, mareos, problemas auditivos, entre otros.

 

Los argumentos del laboratorio farmacéutico

 

Con el argumento de que la comunicación de Salud Total incurría en sospechas o suposiciones que ponían en tela de juicio su reputación, Bayer sólo remitió la información de su relación con el médico Barceló a la Superintendencia Nacional de Salud. La EPS obtuvo la comunicación a través de un derecho de petición.

Bayer aclaró que el doctor Ernesto Barceló participó como investigador en un estudio clínico observacional y que dentro de una relación de absoluta transparencia, dispuso cancelarle sus servicios a través de patrocinios para la asistencia a eventos de carácter científico o programas de educación continuada.

Asimismo, Bayer aclaró que el doctor Ernesto Barceló fue conferencista en temas relacionados con esclerosis múltiple, pero a partir de 2008 prohibió el pago de patrocinios directos a los profesionales de la salud. El laboratorio exteriorizó su molestia por la forma en que se manejó el incidente y las suposiciones derivadas del mismo.

 

EN REFORMA JUDICIAL CONDUCIR EBRIO NO SERÍA UN DELITO

 

Según los ponentes de la Reforma a la Justicia, el proyecto aclararía que la práctica de conducir en un estado de embriaguez no puede ser catalogada como un delito. Por ende, los conductores borrachos no serían enviados a la cárcel, pero la Policía si tendría la facultad de conducirlos a una estación por un máximo de 36 horas.

El presidente de la Comisión Primera, Luis Fernando Velasco, dijo a RCN Radio que se busca evitar que los más de 95 mil casos o denuncias de conductores borrachos que se presentan al año, se conviertan en procesos penales y congestionen la administración de justicia. Velasco afirmó que si la conducta de conducir en estado de embriaguez es elevada a delito, se tendría que iniciar una investigación contra el responsable para que reciba una condena mínima que puede ser excarcelable.

“Si lo volvemos un delito, primero resulta inoperante y segundo, los fiscales tendrían que dedicarse sólo a investigar conductores ebrios, ese delito tendría una sanción baja, lo cual no le daría ni un segundo de cárcel a la persona que lo comete, pero si es un caso de policía, esa persona podrá ser conducido a una estación”, señaló Velasco.

El congresista agregó que “los conductores ebrios podrán ser conducidos inmediatamente a estaciones de policía hasta que se les pase la borrachera y no habrá necesidad de volver esa conducta en delito para hacer eso”.

El congresista aclaró que en los casos en donde el conductor mate a una persona conduciendo en estado de embriaguez, éste tendrá que enfrentar su responsabilidad frente a las autoridades y podría tener sanciones de cárcel, como lo estipula el código penal.

 

CORTE ORDENA PAGO DE PENSIÓN A PAREJA DE SACERDOTE HOMOSEXUAL

 

El alto tribunal falló a favor de un hombre que le reclamó la pensión al desaparecido Seguro Social de su compañero sentimental.

En una trascendental decisión, la Corte Constitucional ordenó al Instituto de Seguro Social (ISS) realizar el pago de la pensión de sobreviviente al compañero sentimental de un sacerdote que falleció en marzo de 2008.

Según la decisión del alto tribunal, existe un reconocimiento a que las parejas de homosexuales también constituyen una familia. Supone además  la primera vez que se concede una pensión a una pareja homosexual integrada por un sacerdote.

Durante un arduo estudio, la Corporción tuvo que analizar el voto de castidad que había hecho el sacerdote, y el hecho de que para el momento de su deceso hacia parte de la Iglesía Católica; razón por la cual no se le podía entregar la pensió a su presunto compañero sentimental. 

El abogado del denunciante precisó que "ninguna institución del sistema de seguridad social puede presumir hechos de naturaleza religiosa o de índole similar para negar estos derechos. Colombia es un Estado laico, y estas parejas también tienen derechos. El tema religioso es de órbita religiosa y no puede afectar derechos civiles".

En reiteradas oportunidades, el Seguro Social había negado la pensión a la pareja homosexual porque consideraba que el asegurado se desempeñaba como sacerdote y se debía tener en cuenta el voto de castidad.

“Habiéndose presentado acción de tutela, fue negada en primera y segunda instancia; sin embargo el caso fue revisado por la Corte Constitucional y mediante sentencia T-716 de 2001 -dada a conocer hace pocas semanas- tuteló los derechos del compañero vivo ordenando al Instituo del Seguro Social proceder a reconocer y pagar la pensión de sobreviviente solicitada”, informó el jurista.

De manera que la Corte en este caso falló a favor del tutelante teniendo exclusivamente en cuenta la unión de la pareja. 

 

¿POR QUÉ NO?

Por: Aura Lucía Mera

 

Creo que estamos pasados en Colombia de acabar con la manipulación de la Iglesia católica, encarnada en sus cardenales, párrocos de barrio, curitas de veredas, arzobispos, al tratar de impedir a toda costa que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio, o adopten.

Ya estamos hasta la coronilla. Miles de colombianos pedimos respeto para quienes tienen una orientación sexual diferente. Tienen todo el derecho a vivir en pareja, ser felices y formar un hogar. Ya sea por adopción o inseminación. Ni la religión tiene por qué inmiscuirse, ni el procurador tampoco.

Desde sus comienzos la Iglesia las enfiló contra el sexo. Le otorgó, de buenas a primeras, la virginidad perpetua a la madre de Jesús. “Prefirió que una paloma la embarazara a que José su marido le hubiera tocado un pelo”. Los ángeles siempre los representó asexuados. Los sacerdotes no pueden conocer mujer ni casarse, pero sí pueden “dejar que los niños se acerquen a (ellos)”. Las mujeres son las causantes del pecado.

Las estatuas de mártires y apóstoles en el imaginario pictórico y tallado en madera, que se exhiben por millares en todos los museos del mundo, siempre están con cara de maricones (ellos sí), mirando al cielo mientras los chuzan con flechas. Durante siglos el órgano masculino de las estatuas, léase el David de Miguel Ángel, los Titanes, Hércules etc., siempre tenían una hojita de parra cubriendo lo que sabemos. Las mujeres sí podían mostrar los pechos, pero con la única condición de que fuera para nutrir a los recién nacidos. Tengo que confesar que en los últimos años me divierto en grande visitando museos de arte religioso, mirando todo desde esta perspectiva.

Conozco parejas de hombres y parejas de mujeres, casados y con hijos. Los mejores padres y madres. Sus hijos jamás serán maltratados, ni sufrirán agresiones físicas ni psicológicas. Si existen niños que siempre se verán rodeados de amor son precisamente los hijos, adoptados o inseminados, de estas parejas de hombres o de mujeres, que decidieron unir para siempre sus vidas.

Desconocer que el maltrato imperante en ‘hogares’ heterosexuales crece a ritmo monstruoso, es negar que el agua moja. Toda la violencia, el abuso de drogas, la insanidad de miles y miles de jóvenes, tienen su raíz más profunda en el desamor, la agresión y el maltrato de su ‘familia nuclear’. Por qué, y con qué derecho, la Iglesia, que cada día se aparta más de los postulados de Jesús, impide que estas parejas se unan y adopten hijos.

Estamos pasados, repito, de respetar a estas parejas. De aprender de ellas. Sus valores éticos, morales y espirituales la mayoría de las veces están muy pero muy por encima de los de los ‘hétero’ que en nombre de la ‘normalidad’ cometen toda clase de atropellos contra sus hijos carnales, y que están lejos, muy lejos, no importa el estrato socioeconómico, de ser los padres ‘modelos’ que pretenden ser.

Los niños merecen amor, ternura, verdad y normas. Las parejas constituidas por hombres o mujeres están en perfectas capacidades de entregarles estas premisas básicas. No sigamos siendo fariseos. La Iglesia en su sitio, el procurador en el suyo, y todo el mundo en paz.

 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y ADOPCIÓN IGUALITARIA

Por: Rodrigo Uprimny

 

Quienes se oponen a la adopción por parejas del mismo sexo ahora argumentan que no lo hacen por prejuicio contra los homosexuales sino por una razón fuera de toda sospecha: la protección del interés superior de los menores.

Esa oposición parece válida pues la adopción se hace a favor del menor y no de los padres. Su propósito es que un niño o niña sin hogar logre una familia, y no tanto que los padres adoptantes logren un hijo. Debe entonces impedirse que adopte quien no pueda garantizar un hogar adecuado y estable al adoptado.

Pero esta oposición, que se expresa en tres formas, sólo es respetable en apariencia.

El primer miedo es que el niño o niña termine siendo homosexual. Pero esta objeción es en sí misma inaceptable, pues supone que la homosexualidad es indeseable. Y además es falsa, pues la orientación sexual depende de muchos factores y no esencialmente de aquella que tengan sus padres.

El segundo reparo es que sería catastrófico para alguien ser adoptado por una pareja del mismo sexo, pues sería objeto de discriminaciones, debido a los prejuicios homofóbicos.

Esta objeción es igual a la que se usaba en Estados Unidos para oponerse a la adopción o custodia por parejas de distinta razas, invocando la persistencia de los prejuicios raciales. La respuesta de la Corte Suprema de ese país, en el caso Palmore de 1984, es impecable: la ley no puede evitar los prejuicios privados pero no debe tolerarlos, ni reforzarlos, sino combatirlos. Este segundo miedo olvida entonces que la tarea de un Estado democrático es combatir los prejuicios homofóbicos, y no agudizarlos prohibiendo la adopción igualitaria.

La tercera objeción es que las parejas del mismo sexo no son idóneas para adoptar, pues toda persona requiere una familia formada por un hombre y una mujer para tener un desarrollo psicosocial apropiado. Ese reparo es simplemente falso: primero porque desconoce que las familias monoparentales son legítimas y funcionales; y segundo porque la investigación académica ha establecido que las personas criadas por parejas o personas homosexuales no muestran más problemas de desarrollo psicológico que aquellas criadas por parejas heterosexuales.

Un ejemplo contundente es el documento Lesbian and Gay Parenting, elaborado por la Asociación Americana de Psicología, que reúne a unos 154.000 psicólogos de Estados Unidos. Este ‘metaestudio’, disponible en la red, revisa la evidencia de numerosas investigaciones sobre crianza por parte de parejas homosexuales y concluye que no hay ninguna evidencia de que sea perturbador para el desarrollo de un niño o niña ser criado por un individuo o pareja homosexual. En Colombia, las universidades Nacional, de los Andes, Javeriana y del Valle han llegado a conclusiones similares.

Confieso que mis argumentos en esta columna son poco originales. Me baso en la reciente sentencia Atala Riffo y niñas contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión cae como anillo al dedo a esta discusión, pues a la jueza Atala le quitaron la custodia de sus hijas con el argumento de que había que proteger el interés superior de las niñas debido a que Atala era lesbiana. La Corte Interamericana refutó la posición de Chile y lo condenó, no sólo por discriminar a la jueza Atala, sino también por separar injustificadamente a las hijas de su madre.

Una invocación abstracta del interés superior de los menores para oponerse a la adopción igualitaria no tiene ningún sustento. Pero además termina siendo muy cruel, pues invocando sus derechos prevalentes, esta posición los priva de la posibilidad de ser adoptados por parejas homosexuales, que les darían un buen hogar a muchos de los más de 8.000 niños y niñas que hoy están bajo custodia del ICBF, a la espera de que alguien los adopte.

 

EL NUEVO SIGLO

 

OPERADORES JUDICIALES RECHAZAN REFORMA

 

A pesar de que la semana anterior en la cumbre de poderes realizada en la Casa de Nariño, las Cortes decidieron respaldar nuevamente el proyecto de Reforma a la Justicia que tramita el Congreso, los operadores del sector mantienen su rechazo a la iniciativa y no cejan en su intención de realizar un plantón frente al Palacio de Justicia el próximo 28 de mayo.

Esta jornada es convocada por el Observatorio Nacional de la Administración de Justicia, la cual agrupa a jueces y magistrados de todas las áreas.

Según el citado Observatorio, el proyecto de Reforma a la Justicia “lejos de solucionar el problema de la congestión judicial, constituye una reforma que atenta contra el diseño y la estructura de nuestra Constitución Política, el acceso a la justicia del ciudadano, el equilibrio de poderes entre las Ramas del Poder Público, la independencia y autonomía de la Rama Judicial”.

La propuesta de entregar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios es uno de los aspectos que más escozor ha causado en los operadores judiciales, porque consideran que se estaría dando un paso hacia la privatización de la Justicia.

Por su parte, el Gobierno nacional ha manifestado por intermedio de su vocero en este proyecto, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, que la medida busca descongestionar los juzgados y que las funciones jurisdiccionales para abogados y notarios serán solo en algunos casos.

 

REFORMA A LA JUSTICIA SE CAE EN LA CORTE

 

La Corte Constitucional podría declarar inexequible la Reforma a la Justicia, consideró el abogado penalista Jaime Granados, argumentando que el principio de consecutividad viene siendo violado en su trámite.

Frente a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, está de acuerdo, pero criticó el hecho de que se cree otro organismo parecido.

 

EL NUEVO SIGLO:¿Cómo ve usted la Reforma a la Justicia que tramitan en el Congreso?

 

 JAIME GRANADOS: No soy profeta, ni tengo bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro.

Pero auguro que si llega a ser aprobada, la Corte Constitucional declarará inexequible buena parte de su articulado, debido a los cambios que ha tenido.

Ha habido tantos cambios y alteraciones al principio de consecutividad, que no creo que honestamente supere el trámite constitucional.

Creo que una Reforma a la Justicia tiene que hacerse por un amplio consenso, como ocurrió en el año 2002 con el Sistema Penal Acusatorio.

 

ENS: ¿Qué es lo mejor entonces?

 

JG:Creo que lo sensato, lo prudente, es darle un compás de espera y más adelante estudiarla y en último caso ir a una Constituyente. Una Asamblea Constituyente puede abarcar varios puntos.

 

ENS: ¿Es una reforma para aforados?

 

JG:Toca varios aspectos donde se incluyen a los aforados y hay que reconocer que los aforados tienen derecho a que se respete los mínimos estándares constitucionales de derechos humanos como son la separación de las funciones de acusación y de juzgamientos, y la doble instancia.

En mi opinión esos estándares no son respetados en el consenso que se tuvo la semana pasada en la Casa de Nariño. Y no se respetaron porque no puede pensarse que habrá separación de poderes cuando un mismo órgano es el que investiga, acusa y juzga. Eso es algo elemental y cualquier persona lo entiende. Uno no puede ser juez y parte.

 

ENS: ¿Y la doble instancia?

 

JG:Esta doble instancia es horizontal, en donde no hay una clara y auténtica delimitación de lo que es la segunda instancia, y entonces genera el mismo problema.

En ese sentido, en lugar de acertar se equivoca.

En lo que tiene que ver con la pérdida de investidura, es claro que habría que graduar, es decir, reducir los factores de pérdida de investidura que antes no se veían.

Pero los problemas de la Justicia en Colombia van más allá de los aforados y la reforma no acierta en esa dirección.

 

ENS: ¿Y la eliminación del Consejo Superior Judicatura?

 

JG:Si hay algo que une a los colombianos, además de la Selección Colombia, es justamente la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Creo que todos estamos de acuerdo en que se debe eliminar un órgano que ha demostrado su ineficacia, su ineficiencia y que ahora da señales de corrupción.

Sin embargo, me parece que la fórmula planteada para su reemplazo es simplemente revivir el mismo mal con otra vestimenta. Algo parecido con lo que ocurrió con la llamada Comisión Nacional de Televisión, que tiene otra forma, pero tiene los mismos ropajes.

Yo creo que no vasta cambiar el nombre de las cosas. Hay que trabajar en el fondo de las cosas.

 

ENS: ¿Usted advierte un camino espinoso en la plenaria del Senado?

 

 JG:Yo creo que sí. Creo que esta reforma no deja satisfecho a nadie. Entre los mismos ponentes hay diversidad de criterios. Las propias Cortes han venido a última hora a plegarse más por un desgaste en el tema, que por otra cosa.

Honestamente, como un académico que ha seguido la Justicia, me parece que lo mejor es no mantenerla por el capricho de algunos.

El Gobierno tiene buenas intenciones, pero las herramientas actuales no van en la misma dirección. Así que lo que vale la pena es hacer un consenso nacional.

 

Chuzadas

 

“La Corte Suprema de Justicia, en una decisión que, aunque a alguien no le guste, hay que acatar y respetar, determinó que no podía haber sino un número igual al de defensores para respetar el principio de igualdad de armas y por eso desde ese momento solo podían intervenir dos representantes de la víctimas, a nombre de todas las víctimas reconocidas en el proceso”, dijo Granados comentando el proceso por las chuzadas (interceptaciones y seguimientos ilegales realizados por el DAS).

“Y a pesar de esa determinación de la Corte, que ya fue resuelta y no tiene recurso, no solo la desconocieron sino que llevaron a introducir una tutela. Y hasta donde yo tengo memoria, nunca se ha presentado que se falle una tutela sobre las determinaciones de los procesos. Ya se falló negativamente y a pesar de eso en la audiencia pasada en una mañana se debatió ese tema y eso impidió que avanzáramos. ¿Y si eso no se llama torpedear, qué significa torpedear?

 

 

 

 

UN MAGISTRADO CON MUCHA CORREA.

 

Hay que recordar que fue el magistrado Néstor Raúl Correa quien primero destapó las ollas podridas de la Judicatura. Primero se enfrentó durante seis meses con el temible José Alfredo Escobar, el de los botines made in George Sale. Allí Correa pidió que Escobar renunciara a la presidencia de la Sala Administrativa, porque era “impresentable”. Cuando se fue Escobar, el 2 de diciembre, Correa se enfrentó a la corriente mayoritaria de la Sala Disciplinaria, encabezada por Henry Villarraga, hoy envuelto en los escándalos del carrusel de pensiones y de las presuntas actas falsificadas.

Los decretos de Escobar. La disputa, entonces, se precipitó porque Correa suprimió en su primer día como presidente de la Sala Administrativa los decretos que Escobar había expedido para que la Sala Disciplinaria pudiera nombrar en Bogotá 71 cargos en provisionalidad, o sea a físico dedo. Fue el mismo Correa quien llegó a sugerir que el día de la Justicia debía trasladarse de fecha y ser anticipado para el dos de diciembre para que coincidiera con el aniversario del "otro Escobar" (el día clásico de la Justicia en Colombia se celebra tradicionalmente el 17 de diciembre).

El carrusel pensional. En enero de este año Correa arremetió contra el carrusel de pensiones y apoyó en solitario la valiente labor de la contralora Sandra Morelli Rico. Por esas afirmaciones, en la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura, ya en este año, a Correa se le vinieron encima Villarraga y Julia Emma Garzón. Correa lleva un año en el cargo, soportando chaparrones, pero los últimos acontecimientos le están dando la razón de manera progresiva.

La acción de cumplimiento. Pocos saben que Asonal Judicial presentó una acción de cumplimiento contra la Sala Disciplinaria para que respetara la Carrera Judicial y llenara las vacantes con los candidatos de la lista de elegibles, mas no “a dedo”. Curiosamente el magistrado Néstor Raúl Correa intervino este año en esa acción, como ciudadano, para apoyar a Asonal y pedir que se condenara a la Sala Disciplinaria. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en valiente decisión, concedió la razón a los demandantes y le ordenó a la Sala Disciplinaria respetar la Carrera Judicial.

Una actuación vital. Cuando el Gobierno central tenía ya casi en el olvido el cierre del “Conejo superior de la jubilatura”, aparece providencialmente el fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, quien plantea el tema de las actas adulteradas por los vigilantes de la justicia en Colombia. Como quien dice, se corrompió la sal. El 28 de abril se alertó sobre la adulteración de unas actas en la Sala Disciplinaria, hecho notorio divulgado por los entes de control, así como los nombramientos irregulares de los magistrados Teresa Isabel Tovar, Amparo Malagón, Donaldo Rafael Mendoza, Víctor Arturo Polo, Maria del Socorro Jiménez Causil y Claudia García Leyva. Estos episodios fueron los que desgajaron esa controvertida Rama de la Justicia.

 

CMI

 

APLICAR LA ELIMINACIÓN, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA...

 

¿Saben la tarea en la que andan esta noche los ponentes de la reforma a la justicia en el Senado?

 

Como se sabe, los tres poderes acordaron la semana pasada eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. El asunto parecería fácil de ejecutar... no lo es.

Resulta que muchos artículos de la Constitución vigente mencionan, por una u otra razón, las facultades y funciones de ese tribunal. Pues los ponentes están, desde hoy, revisando en detalle cada uno de los 380 artículos de la Constitución, más los artículos transitorios, para reemplazar en todos, a través de la reforma a la justicia, el nombre de Consejo Superior de la Judicatura, que se menciona muchas veces, por el de la nueva autoridad: el Tribunal Disciplinario, que reemplaza a la Sala Disciplinaria, o «la Sala Ejecutiva de Administración», que reemplaza a la Sala Administrativa del moribundo.

Los senadores aspiran a tener lista la ponencia esta noche a las once. El Partido de la U pidió no firmarla antes del mediodía de mañana para revisarla.

 

LO QUE, SONGO SORONGO, GANÓ LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA REFORMA A LA JUSTICIA.

 

Los presidentes de la Corte Suprema, Javier Zapata, y del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, resultaron contagiados por las condiciones de gran jugador del presidente Santos.

El acuerdo que lograron la semana pasada sobre la reforma a la justicia significó una especie de juego abierto en donde todos los participantes cedieron, a cambio de que todos obtuvieran ganancias.

Hoy, al conocerse ya los aspectos centrales de la ponencia que será presentada mañana, quedó en claro en qué ganaron Santos y en qué ganaron las Cortes.

Primera carta ganadora de Santos: salvó el proyecto que amenaza con naufragar. Carta ganadora de la Corte Suprema: quedó fortalecida como máxima instancia en lo penal y además como juez supremo de todos los funcionarios con fuero en Colombia. La reforma le creaba una supercorte paralela, que asumiría la investigación y juzgamiento de funcionarios con fuero.

Ganó el presidente Santos porque despejó el camino de una reforma que durante ocho años el expresidente Uribe no pudo pasar en el Congreso y que para él era un punto de honor.

Ganó la Corte Suprema porque no solo mantiene intactas sus funciones, sino que las incrementan en el reconocimiento de tribunal de cierre en asuntos penales.

Durante el fin de semana, los senadores ponentes redactaron los nuevos artículos que pondrán definitivamente fin a la discordia, y mañana, martes, presentarán ponencia.

Habrá dos Salas Disciplinarias en la Procuraduría, para procesos disciplinarios, pero sus integrantes no serán subalternos del procurador; habrá antejuicio político en el Congreso para todo aforado, si la Corte decide investigarlo. Es decir que gozarán de fuero constitucional los siguientes funcionarios: presidente de la República, procurador-contralor, fiscal general y magistrados de altas Cortes.

El proceso penal contra congresistas se desarrollará en dos salas de la Corte Suprema de Justicia. Primera: Sala de Investigación, con cinco miembros, elegidos por la Corte Constitucional, y segunda: Sala de Juzgamiento, con cinco miembros de la Sala de Casación Penal. La Sala Plena de la Corte será la segunda instancia. Habrá un consejo disciplinario para todos los funcionarios de la rama Judicial, que estará conformado por nueve magistrados, designados así: 3, Corte Constitucional; 3, Consejo de Estado y 3, Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema va a tener la facultad de presentar reformas constitucionales.

Se revive la cooptación en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, es decir, los magistrados serán elegidos por los mismos magistrados.

Por petición del Gobierno, se ampliará el periodo de magistrados de las altas Cortes, de 8 a 12 años, y se ampliará la edad de retiro forzoso a 70 años de edad. La plenaria del Senado decidirá si les aplica la reforma a los actuales magistrados.

La rama tendrá recursos adicionales por 1,8 billones de pesos en los próximos seis años, para su modernización.

Y además una buena noticia: habrá un ajuste de salarios para los jueces rasos.

 

CARACOL RADIO

 

CON NUEVAS PROPUESTAS DE DESCONGESTIÓN Y MÁS ENTIDADES, QUEDA PONENCIA DE REFORMA A LA JUSTICIA

 

  La ponencia de la Reforma a la Justicia para su sexto debate eliminará el delito de conducir ebrio si no hay accidente y creará más instituciones en el Congreso para investigar a los aforados, como presidentes, magistrados y fiscales.

Una de las grandes preocupaciones del Gobierno, los ponentes y las Cortes más allá de la eliminación de las comisiones y de altos tribunales, es evitar que crezca el número de casos represados en los próximos años, que por ahora llega a los dos millones. Por ello una de las propuestas que será puesta a consideración del Congreso en la ponencia es que conducir ebrio no sea un delito, a menos de que haya un accidente con heridos.

Según el texto, esto evitaría largos procedimientos y se reduciría a una sanción de días, que tampoco congestione las cárceles, porque el delito sería excarcelable y sólo el conductor sería llevado a una estación de Policía.

Por otro lado, a los llamados aforados se les quita la Comisión de Acusación que los investiga, pero se les creará un tribunal alterno que no quedaría en el Congreso.

El coordinador ponente de la reforma, Eduardo Enríquez Maya, indicó que estos integrantes tendrían las mismas facultades para ser magistrados y no serían elegidos ni por el Legislativo, ni por el Presidente de la República, pero la entidad sí quedará adscrita al Congreso.

Los últimos ajustes de la reforma serán estudiados en las próximas horas y la ponencia será radicada antes del medio día.

 

'EXPRESIDENTES DEBEN RESPONDER': JORGE ARMANDO OTÁLORA

 

  ¿Por qué termina usted en entrevista con la Fiscalía?

 

La verdad, desconozco los pormenores de la denuncia que ha instaurado una de mis compañeras, la doctora María Mercedes López. En lo que he observado en los medios de comunicación se hace referencia a una constancia que dejé en noviembre de 2010, además por escrito, en la sala de esa semana.

 

Entiendo que ya fue entrevistado por la Fiscalía, ¿sobre qué le preguntaron?

 

Querían escuchar el origen y la motivación de la constancia que le presenté a la magistrada Julia Emma Garzón e hice el relato correspondiente.

 

¿Por qué, si usted fue el único en dejar una constancia por escrito, desde noviembre de 2010, no presentó denuncia, como sí lo hizo la magistrada López ante la Fiscalía?

 

La verdad, la constancia fue muy enérgica, haciendo referencia a una equivocada interpretación que se estaba haciendo, tanto de la decisión de una sala como del estatuto de la administración de justicia. Ahí planteé por qué estaban equivocados el vicepresidente encargado y el presidente de esa sala —el doctor Henry Villarraga—. Fui enérgico en mis comentarios y le dirigí la constancia a la doctora Julia Emma Garzón, quien era la presidenta, para que además obrara dentro del acta y entonces mi constancia por escrito hace parte del acta de esa fecha, por eso está ahí.

 

¿Y cuál era la irregularidad?

 

Que se había destituido a un magistrado de Ibagué y se había dispuesto que se iba a nombrar más adelante (el reemplazo). Sin embargo, con sorpresa nos enteramos de que se había encargado a la asistente de ese despacho, motivo que generó mi solicitud de aclaración a la secretaria y me dijo que se había nombrado con fundamento en lo dispuesto en sala.

Entonces manifesté que en sala se dispuso la destitución pero nunca se habló de cargos, que por favor me aclararan esa situación. Efectivamente lo aclararon: sacaron otra resolución, en que se encarga ya al vicepresidente, encargado del presidente, motivo por el cual también manifesté mi inconformidad y les dije que el presidente tampoco tenía esas facultades, porque esa es una facultad de la sala, según el estatuto de administración de justicia. Luego le pedí a la señora presidenta que tomara cartas en el asunto y corrigiera esos errores, circunstancia que ocurrió a la semana siguiente.

Desde mi óptica y desde mi experiencia penalista nunca vi el tema, la falsedad. Vi que estaban interpretando equivocadamente unas normas, se corrigieron en la sala siguiente por parte de la presidenta y lo único que hice fue manifestar mi inconformidad. Así quedó tanto en la sala como en el acta.

 

¿Y esos son los documentos que la doctora María Mercedes López entrega ahora a las autoridades?

 

Esos son, entiendo yo por los medios de comunicación, los documentos a que hacen referencia.

 

¿Qué otros magistrados manifestaron que no estaban de acuerdo o que ahí se estaban presentando unas irregularidades?

 

Pues, por escrito el único que lo manifestó en ese momento fui yo y la doctora María Mercedes muy gentilmente me comunicó verbalmente lo que estaba pasando. Decidí manifestar la constancia por escrito. Mi experiencia me indica que no se dejaba la constancia en la sala, sino que se acudía ante los organismos judiciales correspondientes.

 

¿Qué buscaban al recibir la renuncia de uno y postergar el nombramiento de otro y falsear las actas?

 

La explicación que me dieron, y por eso yo no le vi el argumento ni la falsedad, es que como se aceptó una renuncia y las salas allá, en Ibagué, son sólo de dos personas, al faltar uno no podía funcionar la sala, entonces tenían que tomar decisiones de la sala en esa región y necesitaban urgentemente el otro magistrado. Esa fue la explicación que me dieron, y por eso se encargó a la misma auxiliar de ese despacho y fue por el término de dos o tres días, para no interrumpir y hacer traumática la función de esa sala. Desde esa óptica me lo explicaron y así lo entendí. Cuando ya se encarga oficialmente a la magistrada, todo se solucionó y volvió a la normalidad y por eso simplemente dejé la constancia.

 

¿Hoy analiza usted que estos casos de alguna manera estaban tratando de favorecer el ‘carrusel de pensiones’ que denunciamos ya hace algún tiempo?

 

La verdad, hasta que uno no veía quiénes son y sin estudiar la hoja de vida, me abstendría de opinar del tema, no lo veo con esos ojos.

 

Se ha dicho que este era básicamente un tema que manejaban Henry Villarraga y Angelino Lizcano. ¿Cómo califica usted el desempeño de los dos?

 

Lo que ocurre es que en estos nombramientos, el resultado y el resorte de copias le corresponden al presidente de turno, quien es el que efectivamente firma la resolución de nombramiento. Yo nunca he estado de presidente de sala; desconozco las minucias o cómo se lleva a cabo ese tema. Los que han estado de presidentes han sido Henry Villarraga y Angelino Lizcano, Ovidio Claros y Julia Emma Garzón. Los demás no hemos sido presidentes de esa sala.

 

Entonces, ¿son ellos quienes tendrían que responder penalmente por esta situación, de llegar a confirmarse que hay una falsedad en documento público?

 

Claro, son los presidentes.

 

¿Conoció sobre actuaciones indebidas de la secretaria de la Sala Disciplinaria, Yira Lucía Olarte?

 

Pues en ese momento yo sí la llamé para que me aclarara ese tema y fui muy vehemente con ella, pero de ahí a saber las minucias... Si hubiera tenido conocimiento, es obligación como funcionario público ponerlas en conocimiento de la autoridad.

 

Hablemos un poco de la reforma a la justicia, que tiene todo que ver con el tema de Consejo Superior de la Judicatura, de cara a lo que está pasando. No es un secreto que hace mucho tiempo usted viene expresando preocupaciones. ¿Ahora sí cree que llegó la hora de acabar con ese tribunal?

 

Yo ahí he tenido una posición muy clara, y es que soy muy amigo de la institucionalidad. Creo que el Estado debe permitir que maduren las instituciones, que crezcan y se les den las herramientas para que ellas mismas tomen los correctivos.

Le doy dos o tres ejemplos: la historia nos ha enseñado que el tema de acabar las instituciones no soluciona ningún inconveniente. Acuérdese de Ecosalud, gran foco de corrupción. Acabaron Ecosalud, creamos Etesa y volvieron a caer en los focos de corrupción. El tema no es cambiar el nombre de la institución. Lo mismo ocurrió con la Caja Agraria, después Banagrario y así le puedo dar varios ejemplos.

En cambio, sí le puedo dar un ejemplo muy propositivo y es el de la Policía Nacional, es una institución que tiene 121 años, que a lo largo de la historia ha tenido en algunas etapas problemas de corrupción, pero que en lugar de hablar de acabar con la institución, se dispuso rodearla de las garantías y mecanismos para que los altos mandos pudieran tomar las decisiones en su momento, cosa que se hizo. Ese es el camino que tenemos que tomar. Yo no soy ni ciego ni sordo frente a la cantidad de inconvenientes que se han venido presentando en el Consejo Superior.

 

‘Yo planteé que las ternas no vengan de presidencia’

 

Usted me dice que hay que dejar madurar las instituciones y filosóficamente estoy de acuerdo con usted. Pero es que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene para dónde madurarse, se pudrió…

Yo había planteado un cambio radical y lo planteé en un documento que le dirigí al ministro Germán Vargas el 10 de marzo de 2011, cuando se iniciaron los estudios de la reforma a la justicia, y en el aspecto particular de la Sala Disciplinaria vi que aquí uno de los grandes inconvenientes es la politización de esta sala. ¿Cómo podemos, a partir de ese inconveniente ya detectado, neutralizarlo?

Planteé que las ternas no vengan del presidente de la República. Son siete ternas, que sólo venga una del él y que las demás provengan de las demás cortes, de los colegios de abogados, jueces y fiscales, que sea todo ese conglomerado judicial, que es el que finalmente disciplina, el que postule las ternas. Y que siga eligiendo el Congreso en pleno, porque así lo quiso el espíritu del constituyente.

 

‘Las reformas deben venir con renovación de las salas’

 

¿Y qué piensa si una reforma de ese estilo termina originando un cambio en la composición del Consejo de la Judicatura?

 

Al tener esos orígenes diferentes, esa es una circunstancia que siempre se ha cuestionado y siempre se ha atacado. Esa podría ser una de las soluciones para el problema de la administración de justicia en el país.

Es más, yo lo planteé en mi posición, que si esto se llegara a llevar a cabo, y a pesar de que soy el más nuevo de la sala —es decir, al que le queda más período por delante—, soy el primero en salir, dar un paso al costado y renunciar. Estas reformas deben venir acompañadas de la renovación de las personas que estamos en la sala, para poder darle legitimidad a la reforma y cambiar el sentimiento de incertidumbre que tienen la opinión pública y la sociedad frente a esa sala y frente al organismo, que es lamentable y triste.